El Portavoz del Gobierno investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa y acoso laboral, Ángel Navarro, no solo se niega a dimitir, sino que manifiesta que “si un juzgado me condena, intensificaré mi desconfianza hacia la Justicia”.
Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Con estas palabras se podría resumir lo vivido ayer durante el pleno ordinario de diciembre, en el que el Salón de Plenos volvió a ser testigo de la falta de talante y transparencia de los que se autodefinen como Gobierno del Cambio. La regidora molinense intentó cambiar las reglas de juego a su antojo, como si de su cortijo se tratara, llegando incluso a negar la explicación de voto a la portavoz del Grupo Municipal Popular en uno de los expedientes debatidos.
Ante la opacidad a la que se ha abonado Esther Clavero, el PP decidió retirar todas sus mociones – por cierto, las únicas que formaban parte del orden del día, lo que puso de manifiesto que algunos se encuentran desde hace ya unas semanas de vacaciones- entendiendo que había un asunto de urgencia que debatir que afectaba directamente al Gobierno y que había salido a la luz gracias a la prensa y no por ser informado por la regidora molinense.
Fue gracias a una moción del Grupo Municipal Popular por la que se habló en el Salón de Plenos de la citación del juez como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa y acoso laboral del Portavoz del Gobierno, Ángel Navarro, ya que la alcaldesa ni tenía intención de hacerlo ni iba a dar cuenta al Pleno de ello, algo bien distinto si el investigado hubiera sido un concejal del PP.
Al Gobierno tan solo se le pidió coherencia, aplicar lo mismo que exigió en la oposición y por lo que ocupó el salón, cualquier concejal con responsabilidad de Gobierno imputado debe dimitir cuando se encuentra investigado por un presunto delito de prevaricación. La sorpresa, ni PSOE, ni PODEMOS ni IU respetaron la supuesta línea roja de su pacto, esa línea que nadie conoce y que cambian según intereses.
Pero las curiosidades no quedan ahí. El concejal investigado manifestó durante su intervención que “si un juzgado me condena, intensificaré mi desconfianza en la Justicia”, no asumiendo en ningún momento que dimitiría si hubiera una condena firme.
UNA ESTRATEGIA TORTICERA PARA DESACREDITAR AL PP
Pero lo más lamentable de ayer fue volver a comprobar la estrategia torticera del Gobierno, que se ha dedicado a crear tramas de corrupción para intentar desacreditar al PP, denuncias que se quedan en nada, que se pagan con los impuestos de los molinenses y que los ciudadanos desconocen que han sido archivadas. Véase contrato de telefonía, un caso que se conoció a través de la prensa por una denuncia de la alcaldesa, que ha sido archivado por la Fiscalía y del que Clavero no ha dado cuenta al Pleno ni a los molinenses. Es evidente que la transparencia de la que hace alarde Esther Clavero y su equipo deja mucho que desear.
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